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Arrendamientos urbanos = Alquiler de viviendas =¿Rara avis?

Tenemos la experiencia de acompañar a los clientes en el procedimiento, cada vez más frecuente, de la ejecución hipotecaria, procedimiento que a medio plazo desemboca en el abandono de esa vivienda cuya propiedad se pierde en favor de la entidad bancaria.

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Bien sea porque se ha llegado a un acuerdo que contemple la dación en pago, o bien porque finalmente los medios paliativos que la abogacía brinda se acaban agotando y la familia se ve obligada por la orden judicial de desahucio a dejar su antiguo hogar. Y el día después tanto unos como otros, con un peor o mejor ánimo se ven obligados a firmar un contrato de arrendamiento, o de alquiler de vivienda para ver “donde meterse”.

Se ha hablado de alquileres sociales, pero la verdadera solidaridad suele llegar de la sociedad civil, familiares o amigos, el circulo más cercano de la familia ayudan o favorecen la reubicación del grupo familiar afectado. Ya no serán propietarios, no  deberán cumplir con los plazos de la devolución de un prestamo hipotecario pero si que deberán pagar lo más puntualmente posible el precio del arrendamiento en forma de renta mensual que abonarán a la propietaria que se ofreció a contratar con ellos.

 

Y como era de esperar esta nueva situación de miles de familias ha coincidido con la inevitable reforma legislativa, en este caso la Ley 4/2013 que profundiza nuevamente “en el proceso de liberalización después del parentesís de casi veinte años”.

Al comparar la situación española con el resto de los paises miembros de la Unión Europea llama la atención que el grado de propiedad de las viviendas es superior en los PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España) entre el 70 y 85 % de vivienda en propiedad e inferior en los países que como Alemania (43%) meior están superando la crisis económica hasta el momento.

 

El caso de Irlanda al que se suele incluir entre los más retrasados de la clase juntos a los PIGS es paradójico porque ha protagonizado junto con Finlandia y el Reino Unido una liberalización plena de su mercado de alquiler.

En España hasta 1985 se establecieron sistemas de actualización de las rentas que llevó a la supervivencia de las “rentas antiguas”, esto es procedentes de contratos anteriores a 1964, y que en conjunto venían a representar el 34% del total de viviendas en alquiler.   Viviendas no afectadas por la liberalización de 1985 (RD 2/85).

Esta primera “liberalización” permitió duplicar el número de contratos de arrendamiento de vivienda. La LAU de 29/94  significó un retroceso en esta dinámica por varios motivos que sería prolijo enumerar aquí, todo conspiraba en aquel momento para que el  máximo número de españoles se hipotecara mediante la inversión en bienes inmuebles que supuestamente se iban a revalorizar sin límite a lo largo de los años, lustros, decenios, y siglos… Ahora bien ya sabemos como acaba ese cuento.

 

Ahora la nueva Ley 4/2013 hace de la necesidad virtud, y vuelve a tratar de impulsar este tipo de contrato después del parentesis de casi veinte años. Beneficiosa para la movilidad laboral, se argumenta, y por tanto para la creación de empleo, el problema es que el colapso de los juzgados hace poco menos que increible la pretensión del legislador al instituir el “desahucio express”, lo que unido al incremento general de la morosidad hace que la opción del propietario en favor del arrendamiento sea algo realmente escaso hasta el momento. Esperemos que se advierta pronto el cambio de tendencia. Entre otras cosas porque será cada vez más necesario buscar fórmulas para realojar a un segmento muy importante de la población.

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